La concejal de Igualdad de Pinos Puente (Granada), Margarita Álvarez (de Izquierda Unida, por si alguien aún no había captado la ironía cósmica), ha decidido poner punto final a su brillante trayectoria institucional. Oficialmente, por «motivos personales». Claro, porque cuando te condenan por agredir a una vecina, lo más natural es que te entre un ataque repentino de introspección existencial y decidas dedicarte a cuidar bonsáis o a coleccionar cucharillas de souvenir. Nada que ver con la sentencia fresquita del 9 de marzo de 2026.
Vamos a los hechos, que son mucho más entretenidos que el comunicado oficial de dimisión:
En junio de 2023 —justo antes de que se constituyeran los ayuntamientos, o sea, en plena efervescencia pre-veraniega—, la edil de Igualdad (repito: de Igualdad) decidió resolver un pequeño desacuerdo familiar a la antigua usanza: repartiendo collejas. Junto a otra vecina (curiosamente ex en listas del PSOE, porque la política local es como una telenovela pero con menos presupuesto), agredió a la madre de una chica que iba a testificar en un procedimiento judicial. ¿Contra quién? Contra el hijo de Margarita Álvarez, acusado de agresión sexual.
Resumiendo el argumentario de defensa que no presentó: «Señora juez, yo solo quería que la madre de la testigo entendiera que a veces los jóvenes cometen errores… con las manos». El tribunal no se lo tragó. Resultado: nueve meses de multa (a 6 € el día, que sale casi regalado el cabreo), orden de alejamiento de 100 metros durante un año (más lejos que la mayoría de las cuñadas en Navidad) e indemnización de 3.852 euros a la víctima. Un chollo, vamos.
La Fiscalía, en su momento, había pedido hasta cuatro años de cárcel (luego rebajado a dos en algún escrito), pero al final se quedó en multa. Probablemente porque consideraron que ya había sufrido bastante llevando la cartera de Igualdad mientras repartía guantazos.
El PSOE y Vox —unidos por una vez en algo— llevaban días pidiendo su cabeza a gritos. El PSOE hablaba de «tolerancia cero a la violencia» (palabras mayores viniendo de quien viene) y Vox directamente exigía romper el pacto de gobierno con IU y PP porque «nadie condenado por agresión puede ostentar cargo público». Hasta Izquierda Unida provincial había avisado en noviembre de 2025 que, si salía condena, tomarían «medidas inmediatas» conforme a su código ético. Y mira, cumplieron… siete días después de la sentencia.
Margarita Álvarez se resistió lo que pudo —según algunas crónicas periodísticas, «se lo pidieron con insistencia y aunque se resistió…»—, pero al final cedió. Motivos personales, insisto. Seguramente el estrés de compatibilizar las áreas de Obras, Servicios, Medio Ambiente, Servicios Sociales e Igualdad mientras planeaba su estrategia de «defensa propia preventiva» contra testigos incómodos.
Así que enhorabuena a Pinos Puente: han perdido a su concejala de Igualdad más combativa (literalmente). Ahora toca buscarle sustituta. Alguien que prometa no liarse a bolsazos con las madres de los testigos. O al menos que lo haga fuera del horario laboral.
Porque, al final, la verdadera lección de esta historia es clara: si vas a dar lecciones de igualdad y sororidad desde un cargo público… mejor no lo hagas con los puños por delante. Que luego los «motivos personales» se convierten en noticia nacional y el karma te cobra con intereses.
