Maricarmen Abascal tiene 87 años, discapacidad reconocida, movilidad reducida y setenta años pagando el alquiler del mismo piso en Retiro. El miércoles salió en camilla. El fondo que compró el edificio en 2018 le había pedido, en el mejor de los casos, 1.650 euros al mes con una pensión de unos 1.300. El Tribunal Supremo dijo que la segunda subrogación del contrato de 1956 no colaba: la ley de 1994 exige un 65% de discapacidad y ella tiene un 50%. Cuarto intento. Esta vez sí.
Hasta aquí, un drama de vivienda de los que España produce a destajo. Lo cómico —si uno tiene el estómago para reírse de lo ajeno— empieza cuando llegan los socios del Gobierno de Pedro Sánchez a solidarizarse.
Aparecen Ione Belarra, Irene Montero, Enrique Santiago, Rufián, ministros de Sumar. Gritos de “vergüenza”, “ilegal”, “punto de inflexión”, “que se apruebe el decreto ya”. Como si el BOE fuera un electrodoméstico que se les ha atascado en la cocina de Moncloa y no un instrumento que llevan ocho años teniendo a mano.
Ocho años. No ocho meses. Ocho años de coaliciones, de “escudos sociales”, de leyes de vivienda, de moratorias que caducan, de decretos que se quedan en el cajón porque faltan votos, de abstenciones, de “estamos negociando”. El mismo Gobierno que ahora descubre que echar a una octogenaria en camilla “no es digno” es el que ha tenido tiempo de sobra para cambiar las reglas de la subrogación, para proteger de verdad a inquilinos vulnerables o, al menos, para no convertir cada desahucio mediático en un reality de indignación con reparto de papeles.
La solidaridad, eso sí, es selectiva. Funciona con código de barras.
Si el desahuciado es una anciana con foto de camilla y fondo buitre de por medio, hay pancarta, hay tuit, hay visita al portal y hay exigencia de expropiar el piso. Si el que se queda en la calle es el propietario de un piso okupado —meses o años esperando que un juez reconozca que esa casa era suya—, la empatía se pone en modo avión. Ahí la “violencia estructural” es desalojar al okupa, no el hecho de que alguien pierda su casa porque otro se la ha quedado. El derecho a la vivienda, en esa versión, parece un derecho a la vivienda de otros.
Y si el que se queda sin techo es un hombre tras un divorcio, con medidas cautelares, atribución del uso de la vivienda y una ley de violencia de género que en la práctica puede funcionar como atajo procesal, entonces ni camilla ni Sindicato de Inquilinas. Eso no da para recitar a Alberti a las puertas. Eso es “justicia patriarcal al revés” o, directamente, un tema incómodo que se aparta con la misma delicadeza con la que se aparta a un activista del portal a las seis de la mañana.
La receta es sencilla: hay víctimas fotogénicas y víctimas que estropean el eslogan. Maricarmen encaja. El pequeño propietario desalojado por okupación, no. El padre que sale de su casa con una maleta y una orden, tampoco. La selectividad no es un accidente; es el método. Permite indignarse sin tocar el armario de las contradicciones.
Lo más fino del espectáculo es el reparto de culpas. Sánchez, desde Nueva York, habla de “tragedia social” y señala a Ayuso y Almeida, que “están más preocupados en comprar aticazos”. Los socios señalan al PSOE por no sacar el decreto. El PSOE señala al Congreso porque PP, Vox y Junts tumbaron la moratoria. Todo el mundo señala a alguien que no es él. Mientras tanto, la Policía Nacional —dependiente del Gobierno central— ejecuta la orden judicial. El círculo se cierra con una precisión casi coreográfica.
Nadie dice lo obvio: si en ocho años no se ha construido un sistema que evite este tipo de lanzamientos sin convertir la propiedad en un sorteo, no es por falta de micrófonos. Es porque la vivienda se ha convertido en un campo de batalla moral donde importa más quién llora en la foto que quién paga la hipoteca, quién ocupa y quién se divorcia.
Maricarmen se va con familiares. El piso queda libre para el mercado. Los socios vuelven al Congreso a exigir el decreto que ayer no estaba y mañana quizá tampoco. Y el país sigue teniendo desahucios, okupaciones y rupturas familiares que dejan a gente en la calle. Solo que algunas de esas calles merecen vigilia y otras, silencio.
Solidarios, sí. Pero con catálogo. Como esas tiendas de temporada: en septiembre, indignación por la anciana de Retiro. El resto del año, miren ustedes para otro lado.
