Había un plan. No el de los tebeos, el de las urnas. Usted aprueba una ley con nombre de reparación histórica, cuela una instrucción de 2022 que presume el exilio casi con el billete de barco, hincha el Censo de Residentes Ausentes hasta rozar los 2,7 millones y, cuando toque votar, resulta que hay pueblos donde el extranjero pesa tanto o más que el vecino que paga el IBI. Ingenioso. Hasta que la Sección Cuarta del Supremo, este 8 de septiembre, ha dicho lo que en Moncloa suena a spoiler cruel: de momento, muchos de esos votos se quedan en el limbo.
La nota oficial del Poder Judicial es de esas que duelen precisamente porque no gritan. El Tribunal Supremo estima la medida cautelar contra el acuerdo de la Junta Electoral Central de 16 de julio sobre las altas en el CERA de quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, la famosa ‘ley de nietos’. Dos autos. Se notifican en unos días. Hay voto particular de uno de seis magistrados. Traducción libre: el chanchullo, si lo había, se queda a medio hornear.
Qué se le ha caído al presidente (en clave de comedia)
Imagínese a Sánchez recibiendo el recado. No con un “hemos perdido el fondo”, que eso aún no ha pasado, sino con el equivalente judicial a un “oiga, el catering electoral se sirve después de la sentencia”. Porque eso es lo que ha hecho la Sala: no le quita el pasaporte a nadie. Le aparca el derecho de sufragio a una parte del invento hasta que alguien demuestre, expediente a expediente, que el abuelo no salió de España “porque sí” entre 1936 y 1955, sino por las causas que la ley escribe con letra pequeña.
El libreto del auto —según lo que ya ha filtrado la prensa— es de una malicia procesal deliciosa:
- Si aún no estás en el CERA, sigue el papeleo. Al final, stop. Nada de alta electoral hasta sentencia.
- Si ya estás dentro, te quedas en la foto, pero tus efectos electorales se congelan para lo que venga.
- Salvo que el consulado certifique de verdad el exilio político, ideológico, de creencia u orientación e identidad sexual, sin agarrarse a la presunción general de la instrucción de 25 de octubre de 2022. Esa instrucción que, para los recurrentes, convertía media emigración en electorado exprés.
Y, por si el rebote no fuera suficiente, el Supremo manda separar los expedientes “de ley” de los “de instrucción”, pide el informe del censo en 15 días y una instrucción de la JEC en 10. Como si le dijeran al director de orquesta: “Muy bonita la sinfonía, ahora enséñeme las partituras”.
El chanchullo, según la oposición (y el mal humor de la mayoría)
Vox e Iustitia Europa no iban a misa: denunciaban un censo que crece “de forma anómala cuando no ilegal”, municipios donde el CERA empata o gana a los que viven allí (162 en igualdad o más; 558 con al menos el 50 %) y un cierre de censo a la vista para 2027. Buxadé lo dijo sin anestesia: si no se para, “fraude gigantesco”. Pardo, que el daño es irreversible porque una elección no se rebobina.
Frente a ellos, el equipo de la casa: Fiscalía, Abogacía del Estado y letrado de las Cortes, argumentando que quitar el voto en bloque es un atentado al sufragio y que la LOREG mete en el censo a todo español mayor de 18. Jurídicamente respetable. Políticamente, el equivalente a decirle al árbitro que el fuera de juego no existe si el delantero lleva pasaporte.
La JEC, en julio, se había declarado incompetente para mirar cómo se nacionalizaba a la gente. Cuatro vocales votaron en contra y hablaron de incremento “formidable e irreversible”. El Supremo, en la práctica, les ha devuelto la pelota: o controlan o el censo espera.
El rebote oficial, tono portavoz
Elma Saiz, en rueda posterior al Consejo, soltó la frase de manual cuando el invento se estrella contra un auto: no comparten la decisión, es contraria al criterio del Gobierno y de la JEC, pero confían en la imparcialidad de la Justicia. Es el “respetamos la sentencia” de toda la vida, dicho con cara de haber encontrado una piedra en el gazpacho.
Los números que le amargan la siesta
Nadie tiene aún la cifra exacta de votos congelados. Lo que sí hay es el telón de fondo que hacía tan goloso el atajo: más de dos millones de solicitudes a la ‘ley de nietos’, cientos de miles de nacionalidades concedidas, el CERA en máximos y un goteo de altas de decenas de miles en meses. Reparación del exilio, dice el BOE. Fábrica de electores a domicilio, dice Feijóo desde hace tiempo. El Supremo, de momento, no elige bando: solo apaga el piloto automático de la instrucción de 2022.
Moraleja del gag
La ley sigue viva. La nacionalidad, también. Lo que se ha caído es el truco de prestidigitación: convertir una presunción administrativa en censo listo para urna. Sánchez soñaba, si hacemos caso a sus críticos, con un refuerzo exterior a prueba de sondeos. El Alto Tribunal le ha contestado con la broma más española posible: “Muy bien el relato. Ahora traiga el certificado del consulado”.
Los autos se notificarán. Habrá voto particular. Vendrá el fondo. Hasta entonces, el chanchullo —el que fuera— se queda en el perchero, junto al abrigo de las mayorías fabricadas a distancia. Y eso, para un presidente que colecciona milagros electorales, es el tipo de gag que no se ríe ni en Moncloa.
