Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018, el litro de gasolina 95 ha pasado de rondar los 1,29 euros a moverse estos días de septiembre de 2026 por los 1,87-1,93 euros, según los datos oficiales del MITECO y el Boletín Petrolero. No es el récord absoluto —ese honor se lo sigue llevando el verano de 2022, con picos de más de 2,14 euros—, pero la sensación en el surtidor es la de un deja-vu con extra de IVA.
La explicación oficial siempre llega puntual, como el recibo. Primero fue la pandemia. Luego “la guerra de Putin”. Ahora la guerra en Irán, el estrecho de Ormuz y lo que haga falta. El patrón es conocido: el problema es externo, la solución es un real decreto-ley de rebaja temporal que caduca el 30 de septiembre y el Estado, mientras tanto, sigue cobrando.
El Estado, el mejor cliente de la gasolinera
Una parte muy sustancial de lo que pagas no es petróleo. Es Impuesto Especial sobre Hidrocarburos más IVA. Con las rebajas temporales de 2026, los impuestos aún representaban alrededor del 38-39 % del litro de gasolina en julio-agosto; sin esas medidas el peso sube hacia el 49 %. En cifras redondas de agosto, unos 67 céntimos de cada litro de gasolina iban a Hacienda (IEH + IVA).
Es decir: cuando el crudo sube, sube el precio final y también la recaudación por IVA (que se aplica sobre la base ya inflada). Cuando el Gobierno “ayuda” con 5, 10 o 15 céntimos, está devolviendo una parte de lo que él mismo cobra. El resto del año el mecanismo funciona solo.
Comparado con 2008, el petróleo está más barato y el litro en surtidor, más caro. La diferencia no es solo refino o márgenes: también hay más presión fiscal que entonces.
Las excusas viajan más que el crudo
España no produce petróleo a escala. El precio internacional manda. Eso es un hecho. El problema es que la respuesta doméstica se limita, una y otra vez, a parches fiscales de caducidad corta y a señalar al mapa: Ucrania, Irán, “los mercados”, “la especulación”. Pocas veces se habla en serio de competencia en distribución, de por qué el margen de refino o el precio antes de impuestos se comporta como se comporta, o de si la fiscalidad sobre un bien tan básico debería ser tan rígida.
El Gobierno ha aplicado rebajas de IVA al 10 % y recortes temporales del impuesto especial. También ha mantenido ayudas específicas a transportistas y agricultores. Luego las ha ido retirando por fases. El resultado en el verano de 2026 ha sido una de las subidas más bruscas en décadas en un periodo corto.
Nadie obliga a un gobierno a controlar el Brent. Sí se le puede pedir que no presente cada shock externo como si fuera un fenómeno meteorológico inevitable e inocente para las arcas públicas.
Y luego está el otro problema: nosotros
El artículo no estaría completo sin la parte menos cómoda. Los españoles nos quejamos en el grupo de WhatsApp, en el bar y en Twitter, y al día siguiente volvemos a llenar el depósito. Las protestas masivas por el precio del combustible no son el deporte nacional. Las huelgas de transportistas sí han existido; la reacción ciudadana sostenida, menos.
Eso no absuelve a nadie. Un país que acepta que casi la mitad del litro sea impuesto y que la única palanca sea “esperar a que baje el petróleo o que salga otro decreto” está eligiendo, de facto, el statu quo. El Estado recauda. Las petroleras venden. El conductor paga y rumia.
La solución mágica no existe: España no va a volverse Arabia Saudí. Pero entre “todo es culpa de Teherán” y “aquí no se puede hacer nada más que prorrogar cinco céntimos hasta octubre” hay un espacio bastante amplio que casi nunca se ocupa. Mientras tanto, el surtidor sigue siendo el lugar donde el ciudadano y Hacienda se encuentran cada semana, y Hacienda casi nunca pierde.
