Hay un género literario español que aún no ha sido reconocido por la RAE y que, sin embargo, mueve más toneladas de carbono que el AVE en agosto: el tuit de teníamos razón. Consiste en aparecer al final de una película, señalando la pantalla y diciendo «esto ya lo veía yo venir», mientras en los créditos sale otro nombre.
Este martes, Alberto Núñez Feijóo lo ha practicado con maestría. Dos palabras, un enlace a Vozpópuli y el silencio de quien acaba de descubrir que el Tribunal Supremo ha frenado, de forma cautelar, los efectos electorales de la llamada ley de nietos. La frase es redonda. Casi parece un eslogan de campaña. El único inconveniente es geográfico: la razón, en este caso, no estaba sentada en Génova. Estaba en un escrito presentado por Iustitia Europa y en otro de Vox.
El milagro de la autoría retrospectiva
Resumamos el argumento para el espectador que llega en el descanso. La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática permite optar a la nacionalidad a descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a ella por el exilio. Encima de esa ley, en 2022, cayó una instrucción del Ministerio de Justicia que, según sus críticos, ensanchó el embudo hasta límites que el Parlamento no votó. El Gobierno habla de reparación histórica. La oposición habla de ingeniería electoral. El censo CERA, el de residentes ausentes, se convierte en el McGuffin de la temporada.
El Supremo no ha anulado pasaportes ni ha declarado que España se haya convertido en un all you can eat de DNI. Ha hecho algo más prosaico y más jurídico: suspender, hasta sentencia, los efectos electorales de ciertas inscripciones basadas en la interpretación amplia de esa instrucción, salvo para quienes acrediten de verdad el exilio. Es una cautelar. No es un Oscar. Pero en política una cautelar a tiempo vale más que un mitin en feria.
¿Quién la pidió? Iustitia Europa y Vox. ¿Quién no interpuso el recurso que ahora se celebra como victoria propia? El Partido Popular. Hay hemeroteca, y es de esas que no se pueden tapar con un «el espíritu de la norma». En julio, El País lo dejó escrito con esa crueldad de los titulares largos: la ley de nietos ni fue recurrida ni la Junta Electoral la cuestionaba en los términos que ahora se venden como profecía cumplida. El plazo para impugnar la ley, además, se había ido de vacaciones hace años.
Recurrir, ese verbo irregular
El PP votó en contra de la Ley de Memoria Democrática. Eso es cierto. También es cierto que, durante la tramitación, la disposición de la nacionalidad no fue el campo de batalla que ahora parece. Incluso presentó una enmienda de «mejora técnica» cuyo texto se parece peligrosamente a lo que luego se aprobó. Vox, por su parte, fue a por la ley entera con enmienda a la totalidad y, más tarde, sí acabó en los tribunales. Iustitia Europa, un partido que la mayoría de España no sabría dibujar, se plantó ante la Junta Electoral y luego ante el Supremo. Y el Supremo, contra pronóstico de quienes creían que esto era solo ruido de barra, estimó las cautelares.
Luego llega Feijóo, mira el marcador y dice teníamos razón. Es el equivalente político de ver a un vecino cambiar una rueda a las tres de la mañana, bajar en pijama cuando ya está apretando el último tornillo y comentar: «yo también pensaba que estaba pinchada».
La operación tiene encanto. En España, la autoría de una idea funciona como las tapas: si está en la mesa, es de todos. Da igual quién la pidió. El que llega el último puede incluso ponerle perejil.
Manual de uso del «nosotros»
El nosotros de Feijóo es un pronombre elástico. A veces es el PP. A veces es «los españoles de bien». A veces es una coalición imaginaria de todos los que alguna vez fruncieron el ceño ante un BOE. Hoy incluye, por arte de birlibirloque, a un partido minoritario que sí se gastó el dinero en abogados y a Vox, con el que el PP mantiene esa relación de pareja que discute el menú pero comparte la cuenta cuando sale bien.
Cuca Gamarra afinó el mensaje: no se puede cambiar una ley por medio de una instrucción. Suena impecable. Es, de hecho, el núcleo jurídico del asunto. El problema no es el eslogan. El problema es la cronología. Si uno está convencido de que una instrucción está reescribiendo una ley, lo habitual no es esperar a que un tercero demande, ganar la foto y tuitear en primera persona del plural. Lo habitual es recurrir. El PP, que ha recurrido leyes, decretos, sillas y hasta el sentido de la vida, esta vez eligió el género oral: denunciarlo en entrevistas. Es más barato. También es menos eficaz. Hasta que otro gana y uno se apunta.
Hay una ironía extra. Durante meses el debate se alimentó de cifras oceánicas —cientos de miles, dos millones y medio, el censo como plastilina— y de una sospecha de truco electoral. El auto del Supremo no dice que el Gobierno estuviera fabricando votantes en serie en un sótano de Justicia. Dice, con la paciencia de un notario, que mientras se aclara el lío de la instrucción y del censo, mejor no dejar que esas altas condicionen una elección que luego no se puede rebobinar. Es menos épico que «teníamos razón». Es más tribunal.
Teníamos razón.https://t.co/1Sq1VnenNN
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 8, 2026
Llegar el último y cobrar el café
La política española tiene una especialidad nacional: el late claim. Consiste en no estar cuando hay que estar y aparecer cuando hay flash. Se aplica a pactos, a sentencias, a medallas de pueblos y a fotografías con pescadores. Feijóo lo ha convertido en un estilo. No es que no tuviera criterio sobre la ley de nietos; lo tuvo, y lo aireó cuando el censo empezó a parecer un problema aritmético. Es que el criterio, sin recurso, es una opinión. Y las opiniones no paralizan censos. Los autos, sí.
Los replies al tuit —ese género que en España funciona como coro griego con teclado— no tardaron: cara dura, medalla ajena, habéis llegado los últimos. Es la crítica previsible y, por previsible, difícil de rebatir con un gerundio. Uno puede estar de acuerdo con el fondo —que una instrucción no debería inflar lo que las Cortes delimitaron, que el censo no es un cajón de sastre— y aun así sonreír ante el descaro del nosotros.
Porque el chiste no es que el Supremo haya tocado el asunto. El chiste es la firma. En los créditos pone Iustitia Europa y Vox. En el cartel, Feijóo. Como esas películas americanas en las que el protagonista aparece en el poster aunque en el metraje solo sale diez minutos, pero con la chaqueta bien planchada.
Teníamos razón. Correcto, si el nosotros incluye a quienes sí fueron al juzgado. Incorrecto, si se refiere al partido que miró la ley, votó en contra por otras razones, no la impugnó a tiempo y ahora recoge el aplauso como quien recoge una maleta en la cinta equivocada: con convicción, con sonrisa, y esperando que nadie pregunte de quién es la etiqueta.
