¡Alerta, ciudadanos! El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso más en su cruzada para ponerle bozal a todo lo que huela a libertad de expresión. Este 25 de febrero de 2025, en un Consejo de Ministros que parecía más una reunión de emergencia para salvar el pellejo, aprobaron el anteproyecto de una ley que huele a censura disfrazada de «gobernanza democrática». ¿El objetivo? Controlar a los medios de comunicación y las plataformas digitales, porque, claro, ¿qué miedo le tiene este Ejecutivo a que la gente hable sin permiso o a que algún periodista díscolo se niegue a bailar al son de las subvenciones públicas?
La cosa va en serio: un registro estatal de medios gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde cada periódico, radio o blog tendrá que confesar quiénes son sus dueños y cuánto dinero público han rechazado (o aceptado, para los más obedientes). Y no solo eso: la CNMC, convertida en el Gran Hermano de Sánchez, podrá evaluar si hay demasiados medios en manos de pocos, porque el «pluralismo» es sagrado… siempre que no moleste al PSOE, claro. Si te pasas de listo, multa al canto: desde 30.000 euros por ser un poco rebelde hasta el 6% de tus ingresos mundiales si te pones muy gallito. ¡Que tiemble Elon Musk con su Twitter, que aquí manda Pedro!
Pero lo mejor viene con las redes sociales, ese nido de insolentes donde cualquiera dice lo que piensa sin pedir audiencia en Moncloa. El Gobierno está tan aterrado de que un tuitero con demasiados seguidores suelte una verdad incómoda que hasta han creado un «coordinador estatal» para vigilar las plataformas digitales. Imaginaos a un funcionario con gafas de sol y café en mano, sudando mientras intenta descifrar si ese meme de Sánchez con Begoña es desinformación o solo una obra maestra del humor. ¿Y si no cumples? Sanción y a callar, que para eso está la ley.
El ministro Óscar López, con esa cara de «esto es por vuestro bien», insiste en que no es control, sino «transparencia». Claro, y yo soy el Papa. Lo que Sánchez no soporta es que haya medios valientes que no se dejen comprar con las migajas de la publicidad institucional, esa que reparte como caramelos a los amigos y niega a los críticos. Mientras, la prensa libre y las redes sociales siguen siendo su pesadilla: un espacio donde no puede mandar callar a nadie con un BOE. Por eso esta ley, que dice adaptarse a normas europeas, pero que en realidad parece un manual para amordazar a quien no aplauda.
Así que, queridos lectores, preparad vuestros teclados y vuestras rotativas, porque el Gobierno de los «progres» tiene pánico a que habléis sin filtro. Quieren multas, registros y control, todo para que no se escape ni un susurro que les saque los colores. Pero tranquilos, que mientras Sánchez tiembla, nosotros seguiremos riendo… y tuiteando. ¡A ver quién silencia esto!
